Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Citgo es un conglomerado de refinerías de
Pdvsa en EEUU y cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500
empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras.
Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los
acreedores de PDVSA y la República que quieren cobrar -con cargo a las acciones
de Citgo-, unas deudas pendientes.
Por un lado están
los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1.700 millones y a los cuales se les ofreció como
garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de
CITGO. Pero también
está Crystallex, una minera canadiense que reclama una indemnización de $ 1.400
millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.
Aunque Crystallex
en rigor no es un acreedor de Pdvsa y su litigio es contra la República, el
marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al
afectado por el impago de una deuda embargar los activos de una empresa, cuando
el dueño de ésta no paga una deuda por él contraída. Con base en esta
interpretación, Crystallex resultó favorecida por la
sentencia de un tribunal de EEUU que le permite incautar las acciones de Citgo para
cobrar la indemnización pendiente. La reciente sentencia del Juez Leonard Stark
ordenó la venta de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización
exigida por Crystallex.
Esta decisión queda pospuesta hasta se levante la Orden Ejecutiva 13.884 que
impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la
OFAC. Pero esto no es ninguna garantía de que Citgo no será ejecutada, toda vez
que la venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando
la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que se debe.
Si el valor de Citgo se estima en $
8.000 millones, el 50,1% de las acciones que se vendería equivale a unos $ 4
mil millones. De estos se pagarían $ 1.700 millones a los tenedores del Bono
2020 y $ 1.400 millones a Crystallex, para un subtotal de $ 3.100 millones. Pdvsa
recibiría los $ 900 millones restantes y mantendría en su poder el 49.9% de las
acciones que quedan, aunque perdería el control de Citgo. El gran riesgo es que
el
avalúo subestime el verdadero valor de Citgo y las acciones de la compañía se
rematen a un precio muy por debajo de lo que realmente vale.
A pesar de la crisis
humanitaria que sufre Venezuela, la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta
regresiva y nada eficaz se ha hecho para evitarlo. Si el gobierno y la oposición no se ponen de
acuerdo, Venezuela perderá CITGO cuando la OFAC conceda
la licencia para que se rematen las acciones, o cuando ocurra un cambio
político, se levanten las sanciones y los acreedores se lancen como aves de
rapiña a disputarse los escombros de un
país en ruinas.
¿Qué hacer? Maduro
y Guaidó están
emplazados a pactar una tregua y acordar una estrategia común para salvar los
activos de PDVSA. Cualquiera sea quien finalmente se quede con el gobierno va a
necesitar este complejo refinador que el país tiene en EEUU para reconstruir la
Nación. Por tal razón, deben solicitar a la ONU con carácter de urgencia una
Resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país
que atraviesa por una grave crisis humanitaria.
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