Un sistema socio-económico y político atraviesa por
una transición cuando cambia gradualmente de su modo original a otro distinto.
No se trata de una revolución, sino de un cambio gradual, de transformaciones
lentas y a veces imperceptibles.
Esto implica la coexistencia de características
viejas y nuevas de cuya correlación de fuerzas se puede predecir el resultado
final de la transición. Ese cambio no es instantáneo ni integral, no
abarca todos los componentes del viejo orden que se resistirá siempre a desaparecer.
Y si la transición no se completa bien, el viejo orden se puede restaurar.
La transición no es un simple cambio de mando
político, implica también la emergencia de un nuevo sistema socio-económico
liberador de la pobreza, caldo de cultivo para la opresión política. Por eso,
la transición no necesariamente tiene que ser primero política para que luego
ésta impulse la económica. El proceso se puede dar al revés, puede ocurrir
primero una transición económica que desemboque en una transición política.
En cualquiera de los casos, no será un proceso
rápido, llevará tiempo cerrar la brecha entre lo que se tiene y lo que se
quiere. Apostar primero a la transición económica puede ser la vía más rápida
para lograr la transición política, y no al revés. La transición económica
puede crear las bases materiales para la transición política al liberar de la
pobreza a vastos sectores de la población que antes dependían de las políticas
clientelares de dominación
Con una oposición dividida por pugnas internas, la
transición hacia la democracia política y económica puede resultar más lenta si
se apuesta primero al cambio político como condición para impulsar los cambios
económicos. Peor aún, si la transición política no logra impulsar una
transición económica -entendida ésta como un proceso de liberalización y
apertura que conduzca al crecimiento de la economía y a la generación de nuevas
fuentes de trabajo estables y bien remuneradas para liberar a las grandes
mayorías de la pobreza-, el viejo orden que se creía superado puede ser
restaurado.
Es necesario advertir, entonces, que si la
transición económica no resulta de un acuerdo entre las fuerzas políticas en
pugna y la estabilización se logra como resultado de la apertura unilateral que
impulsa el régimen, el mérito será solo para el gobierno y esto puede derivar
en una prolongación del régimen en el poder. Por eso, Maduro ha optado por
aliviar la crisis económica y, por esta vía, abrir las puertas a una
negociación política con los factores de la oposición electoral que sus rivales
internos llaman colaboracionistas.
Hasta ahora, los cambios políticos se han planteado
como condición previa para poder impulsar los cambios económicos que el país
necesita. Sin embargo, medidas como levantar el control de cambios, abandonar
el control de precios, eliminar los aranceles para la importación y permitir la
dolarización informal de la economía han servido para reactivar algunos
sectores de la economía y desacelerar la hiperinflación. Y con una oposición
desgastada por sus contradicciones y pugnas internas, una mejoría en la
situación económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos
oficialistas al Parlamento.
El correcto análisis de los escenarios económicos
para el 2020 tiene que tomar en cuenta los escenarios políticos planteados para
ese mismo año. Se trata de un año en el que constitucionalmente están previstas
las elecciones parlamentarias y, para prolongar la impresión de mejoría que se
está sintiendo en el país y aumentar su probabilidad electoral, el gobierno
flexibilizará aún más los controles y abrirá la economía a la inversión privada
nacional y extranjera. Venezuela se enfila hacia una versión tropical de
autoritarismo hegemónico neoliberal.
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