Por: Víctor Álvarez R.
El debate sobre las sanciones
está muy distorsionado por intereses políticos subalternos, muy alejados del
interés nacional. Por un lado está la narrativa oficialista que atribuye a las
sanciones la causa de la crisis económica y, por el otro, el sector de la oposición
que afirma que las sanciones se dirigen a funcionarios corruptos, negando las
sanciones económicas.
La verdad científica suele ser
políticamente incorrecta, incómoda para quienes quieren manipular la opinión
pública y sacar provecho. De allí la importancia de poner las cosas en la
balanza, examinar con rigor los impactos negativos y positivos, determinar el
saldo neto y, sobre esta base, sacar conclusiones mejor fundamentadas.
Ciertamente, las sanciones
brindan un pretexto al régimen para evadir la responsabilidad que tiene la
nefasta política de controles, expropiaciones, sobrevaluación cambiaria y
corrupción en la debacle de la economía nacional. Pero también es cierto que la
última Orden Ejecutiva de Trump extiende las sanciones económicas a terceros
que mantengan negocios con el gobierno venezolano. Esto quiere decir que los
proveedores y contratistas privados de Pdvsa, Corpoelec, Hidroven y demás
empresas públicas serán sancionados si siguen con esos negocios, toda vez que
eso se interpreta como un oxígeno al régimen de Maduro.
Lamentablemente, la polarización
política lleva a los sectores empresariales perjudicados a no pronunciarse en
contra de las sanciones para no ser considerados como una caja de resonancia de
un gobierno que ha sido extremadamente hostil contra el empresariado nacional,
al cual cataloga como enemigo, conspirador y aliado interno de la coalición
internacional que quiere sacar a Maduro de Miraflores.
A todas estas, al regresar de
su gira internacional, el principal anunció que hizo Guaidó fue el
endurecimiento de las sanciones, entre ellas a la línea aérea Conviasa que
utilizan los venezolanos, cuyo previsible deterioro ahora se suma al colapso de los servicios de electricidad, agua, gas
doméstico y telecomunicaciones debido a que los proveedores ya no quieren
suministrar transformadores eléctricos, bombas de agua, equipos de
telecomunicaciones, repuestos, etc. Pero la polarización política impide
reconocer los estragos que las sanciones están causando a lo poco que queda de
aparato productivo nacional.
Si las sanciones fuesen
inocuas, sin ningún impacto económico que agrave el malestar social, seguramente
Trump no las aplicaría. Lo hace porque cree que estrangulando a Pdvsa y a la
economía nacional puede provocar el estallido social que desemboque en la caída
de Nicolás Maduro. Por un lado se denuncia la grave crisis humanitaria
provocada el régimen venezolano; pero, por el otro, se endurecen las sanciones
económicas que no hacen otra cosa que agravar la tragedia nacional.
Es cierto que las sanciones
están obligando al gobierno a profundizar la apertura y liberalización
económica en su afán de activar algunas fuentes de divisas que le permitan
sobrevivir. Esto explica en cierta forma el espejismo de reactivación que se
respira finales del año pasado. Pero esto es una burbuja que más temprano que
tarde va a estallar.
Para superar la crisis de
gobernabilidad no se puede seguir jugando al todo o nada, al ganador se lo
lleva todo. Lo que más conviene al interés nacional es la conformación de un Gobierno
de Coalición cuya misión sería aplicar un programa de reformas económicas
para superar la escasez e hiperinflación, y reinstitucionalizar el país para
convocar luego unas elecciones libres y transparentes, de tal forma que quien
resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado que
se pueda gobernar.
El endurecimiento de las
sanciones no hará otra cosa que agravar la tragedia nacional y exacerbar la
diáspora que huye de la escasez, la hiperinflación y la inseguridad. Para
destrancar el juego, la comunidad internacional está llamada, más bien, a sustituir
las sanciones financieras y comerciales por incentivos económicos a favor de la
conformación de un Gobierno de Coalición que abra las puertas a una solución
política, pacífica, democrática y electoral a la crisis venezolana, condición
básica para avanzar hacia el reencuentro y la reconciliación nacional.
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