Víctor
Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Con la reforma de 2006 se forzó la conversión a empresas mixtas de los
convenios operativos y asociaciones estratégicas y se impuso la mayoría accionaria
de PDVSA. Eran los años de la arrogancia rentística en los que el Gobierno presumía
de no necesitar la inversión privada para aumentar la producción de petróleo a
cinco millones de barriles diarios. Pero ahora la situación es muy distinta. Ni
Pdvsa ni el Estado tienen recursos para evitar que la producción siga
declinando.
La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada
vez más pesada y menos rentable. Dos tercios de la extracción actual son de
crudos pesados y extra-pesados, pero el régimen fiscal no toma en cuenta
las diferencias entre los yacimientos. Explotar el petróleo extrapesado de la
FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. La regalía
-que es la remuneración que recibe el Estado por su condición de propietario del
petróleo, pero que el inversionista registra como un costo- en vez de ser un
porcentaje fijo para todos los yacimientos y tipos de crudos, se debería
ajustar según las condiciones concretas de cada uno.
Para que el petróleo no se quede en el subsuelo, esta cruda realidad
financiera impone un nuevo acuerdo nacional que supere la visión del monopolio
estatal y abra la industria petrolera a la inversión privada nacional y
extranjera. Solo así será posible rentabilizar un recurso natural para que
aporte las divisas que un incipiente sector exportador privado no podrá
generar.
Esto implica un nuevo modelo de negocios basado en incentivos fiscales, aumento
de la inversión privada en las empresas mixtas y la apertura al capital privado
en las actividades conexas.
Actualmente PDVSA realiza sus operaciones en la industria
petrolera a través de:
ü
46 empresas mixtas
ü
5 licencias de gas
ü
34 unidades de producción de esfuerzo propio
ü
2 filiales distribuidas en 4 áreas: Oriente,
Occidente, Costa Afuera y FPO
Esfuerzo
Propio: Desarrollo
de las actividades de exploración y explotación de campos, con capital 100% de PDVSA,
sin asociación con ninguna otra empresa.
Empresas
Mixtas: Desarrollo
de operaciones de exploración y explotación con uno o varios socios privados que
tienen una participación máxima de 49% del capital.
Licencias: Desarrollo de
operaciones de exploración y explotación de yacimientos de gas por parte de
terceros, sin intervención de PDVSA.
Asociaciones
de Servicios Compartidos (ASC): operaciones
de exploración y explotación a través de la contratación de empresas de
servicios, respaldando el pago con la venta del crudo.
Tanto las operaciones de
esfuerzo propio como las empresas mixtas se realizan en campos que tienen grandes
diferencias en materia de:
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Tipo de crudos: extrapesados, pesados, medios,
livianos, condensados y gas.
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Madurez de las reservas probadas
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Complejidad geológica de los yacimientos
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Tipo de locación del campo (tierra o costa
afuera)
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Niveles de producción actual
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Costo de producción
A fin de mejorar el esfuerzo propio y optimizar las empresas mixtas, un nuevo modelo de
negocios en la industria petrolera pasa por cerrar la brecha que existe entre
los proyectos de bajo riesgo y alta rentabilidad y los proyectos de alto riesgo
y baja rentabilidad. Para equiparar la rentabilidad entre los campos con crudos
extrapesados más difíciles para su explotación, con los campos de crudos
livianos y medianos menos complicados, se requiere una gama de incentivos que
haga atractiva la inversión.
Ante las severas limitaciones financiera que tiene PDVSA
para sostener su esfuerzo propio, se plantea que los negocios de bajo riesgo y
alta y baja rentabilidad se hagan bajo el modelo de Acuerdo de Servicios
Conjuntos (ASC), donde las actividades de exploración y producción sean
realizadas por una empresa de servicios que cobre una tarifa y calcule su pago de
acuerdo al total de barriles extraídos.
Como PDVSA no cuenta con fondos suficientes para revertir
la declinación de la extracción que hace con esfuerzo propio, se plantea
flexibilizar la participación de capital privado para convertir en empresas
mixtas las unidades de alto riesgo y baja rentabilidad de PDVSA, ofreciendo en
venta el 49,99% de las acciones.
Para disuadir la resistencia que opondrán las tendencias
nacionalistas y estatistas, el argumento es licitar primero aquellas áreas y/o
bloques con mayor riesgo y escala de inversiones que PDVSA no puede acometer y
así ese petróleo que está reposando en el subsuelo se convierta en ingresos por
regalías, ISLR e impuestos parafiscales que de lo contrario el país no
percibiría.
Con este fin se plantea una reforma legal para que PDVSA
pueda incluso legar a reducir su participación accionaria por debajo del 50% en
empresas mixtas con alto grado de riesgo y baja rentabilidad. El argumento es
que así la compañía podría liberar recursos para financiar su esfuerzo propio
en áreas de menor riesgo y mayor rentabilidad.
Y en aquellos casos donde PDVSA no pueda sostener su esfuerzo propio se plantea
convertirlos en empresas mixtas para que el inversionista privado sea quien financie
la recuperación de la extracción de petróleo.
Según el Ministerio de Finanzas y el BCV, Venezuela tiene en default $
57.139 millones, de los cuales, $ 26.044
millones son de Pdvsa. Los compromisos totales de Pdvsa ascienden a $ 100.795
millones y la deuda externa del país se ubica en $ 91.96. La deuda con
socios y proveedores se disparó a más de 17 mil millones de dólares. Estos
retrasos vienen del año 2012, cuando se registraron reclamos de contratistas y
proveedores, entre ellos Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y
decenas de proveedores nacionales.
En atención al interés de los inversionistas de cobrar la
deuda pendiente, se plantea un mecanismo de pago de la mora que PDVSA tiene con
las Empresas Mixtas y otros acreedores
por la vía de convertir esa deuda en inversión. Esto significa que PDVSA podrá
cancelar el capital e interés que tiene pendientes, convirtiendo ese monto en
activos a favor de la participación porcentual del inversionista privado.
El nuevo modelo de negocios que se plantea implica derogar
el Decreto Nº 5200 con Rango de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los
Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco y Convenios de
Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, y derogar también la Ley Orgánica
que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de
Hidrocarburos, de tal forma que los bienes en cuestión puedan ser traspasados
al capital privado y éste retome las actividades conexas en la industria
petrolera, tales como: inyección de gas y agua a yacimientos, servicios
lacustres, compresión de gas, tratamiento de aguas y servicios especializados,
los cuales se encuentran en estado de abandono.
La ley de Hidrocarburos Líquidos permite el desarrollo de
operaciones de exploración y explotación de yacimientos de gas por parte de
terceros, sin intervención de PDVSA, pero con restricciones a la hora de fijar
el precio de venta y con la obligación de vender el gas a PDVSA y empresas del
Estado. El planteamiento es que si estas restricciones se flexibilizan,
entonces se podrá atraer inversiones privadas que financien hasta el 100% de
los proyectos destinados a la recolección,
compresión y transmisión del gas natural que se ventea, quema y desperdicia en
las diferentes áreas de producción petrolera del país.
Los subsidios a los combustibles representan una carga
financiera de $ 11.000 millones anuales que
bien pudieran destinarse a repotenciar la capacidad de refinación nacional.
La escasez es tan grave que la gasolina se cotiza hasta en 3 $/litro. Ni tan
calvo ni con dos pelucas. Sincerar el precio de los combustibles se puede hacer
con base en el precio de indiferencia en las diferentes fronteras; es decir, igualar
el precio en ambos lados para que deje de ser rentable el contrabando.
La eliminación de este ruinoso subsidio permitirá liberar
fondos para repotenciar las refinerías y modernizar el sistema de transporte
público. Al sincerar el precio de los combustibles se crearán mejores
condiciones para atraer la inversión privada bajo un nuevo modelo de negocio
basado en la figura de Licencias que
permiten a los privados realizar las actividades de refinación sin asociarse
con el Estado.
Sin lugar a dudas, el desplome del ingreso en divisas de Pdvsa y las
severas restricciones fiscales del Estado sentencian la necesidad de buscar
nuevas fuentes de financiamiento y esto pasa por incentivar la inversión
privada nacional y extranjera. Pero para lograrlo, se impone un cambio
sustantivo en la estrategia estatista que hundió a la industria petrolera en el
burocratismo y la corrupción.
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