Por: Víctor Álvarez R.
El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado
de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y
hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y
financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso
de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable,
imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y
propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y
asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la
emergencia puede convertirse en una catástrofe.
Venezuela no superará la
crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin
un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La
división del reconocimiento internacional
sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de
financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.
Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las
posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos
multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero
siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa
a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.
No es hora de
protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse
mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una
propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue
entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo
de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que
está en juego es la vida.
Para las élites políticas en pugna, el desafío del
coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o
total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se
enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a
una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se
generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político
puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad.
El otro desafío, el más general y de mayor alcance,
exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá
de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control
la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá
las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones
personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.
Debido a las crecientes rencillas y divisiones en
el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las
parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición
electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar
con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que
está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso
quieren que las parlamentarias se hagan este año.
Pero si el virus no ha sido controlado y se puede
propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para
evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que
dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos
tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.
El reto de las élites políticas pasa por considerar
la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un
Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya pero
trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del
coronavirus.
Más allá de la emergencia sanitaria, la solución de
la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno
de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además
lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e
inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales,
de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país
reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.
Este es un desafío que va más allá de un
acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en
conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige
una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar
odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el
país necesita a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y
lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la
pandemia del COVID19.
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