Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
La Ley Antibloqueo sigue
generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34 “Se
crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de
información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En
el Artículo 35 “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido
calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36 “Se
declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados
con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley que supongan la desaplicación de normas de
rango legal”
Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta Ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.
María
Alejandra Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC, informó
que solicitaron el proyecto de la Ley Antibloqueo pero no les permitieron
revisarlo antes de su aprobación, razón por la cual salvó su voto. Otro constituyentista del PSUV, Telémaco
Figueroa rechazó la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de
incorporar temas en la agenda de discusión sin que previamente sean conocidos
por los Constituyentes. El PCV también alzó su voz crítica y su Secretario
General, Oscar Figuera, cuestionó que: “el contenido de esta ley es entregar
el país, estableciendo una censura enmascarada en una supuesta defensa de la
soberanía nacional (…) es entregar la industria petrolera al capital
transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de
empresas nacionalizadas al sector privado, es la venta de activos y empresas de
la República al mejor postor”.
En
defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y
advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión
de la URSS. La desestatización de la
economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el Programa
de préstamos a cambio de acciones.
El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que
necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados
amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los
préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas.
Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los
principales activos públicos.
A través
del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y de la
burocracia soviética se apropiaron descaradamente de importantes empresas del
Estado. El desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero
peligro no
provenía de la amenaza imperialista, sino del
propio modelo estatista que la dirigencia del partido había creado para medrar
insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas y a la
cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político.
Ante la certeza de lo que venía
después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron
pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir
medrando de las empresas públicas que serían privatizadas. Al derrumbarse el
comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada
aceleradamente y los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos
y jerarcas del gobierno y del partido. Por eso en la Rusia de hoy, buena parte
de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista
y de la burocracia estatal.
Al
referirse al proceso de privatización en Rusia, el Premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios
de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de
pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.
De nuevo nos formulamos la
misma pregunta: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de
privatización apresurado y poco transparente?
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