Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El boom en los precios del petróleo y las materias primas
proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente
aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara
las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar
una nueva arquitectura financiera internacional que los gobernantes no
cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos centrales de cada país
ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo Monetario del Sur y Banco
del Sur. Así, los países extractivistas que hoy resultan afectados por el
colapso de los precios del petróleo y de las materias primas no encuentran
alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI y del BM para tener
acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus problemas de balanza de
pagos.
En Venezuela, el 96% del
ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso de los precios, el
ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones en la capacidad de
pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer y pagar una
creciente deuda externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy la
situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente
reservas internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.
Si en lo que resta de
año los precios del petróleo se estabilizan en torno a los 40 $/b, Venezuela
recibiría ingresos por el orden de los $ 33 millardos. En 2015 las
importaciones de bienes y servicios sumaron $ 50 millardos, pero este año se
han visto muy afectadas por la prioridad que el Gobierno le ha dado a los pagos
de la deuda externa. El colapso de los precios del petróleo, la enorme
dependencia de las importaciones de bienes y servicios, el peso de la deuda
externa, los pagos por indemnizaciones ratificados por el CIADI y la deuda en
divisas con sectores productivos que aún no ha sido cancelada por
Cadivi-Cencoex, estrechan el margen de maniobra para mantener un ritmo de pagos
de la deuda externa que supera los $ 10 millardos anuales.
¿Con qué plata se pagará
la deuda externa?
Al precio de soportar una severa reducción de las
importaciones que ha agravado la crisis de escasez de alimentos, medicinas y
materias primas para la industria nacional, Venezuela viene pagando un promedio
anual de $ 10 mil millones entre capital e intereses de la deuda externa. En lo
que va de año ha cancelado $ 3.057 millones por bonos de la República y $ 1.218
millones de Pdvsa. Y,
entre agosto y diciembre, todavía
debe pagar $3.050 millones en capital y $2.663 millones en intereses, para un gran total de $5.713 millones.
La urgencia de contar con los recursos
necesarios para honrar la deuda se centra en los bonos que se vencen entre finales
de 2016 y comienzos de 2017, monto que supera los $ 10 mil millones. Una cifra
realmente significativa para un país afectado por el colapso de los precios del
petróleo y que ha sufrido una severa contracción de sus importaciones por 14% en 2013, 17% en 2014, 22% en 2015 y 45 % en lo que va de 2016.
Ante el estancamiento de los precios del
petróleo, la caída de las reservas internacionales y la severa reducción de las
importaciones, el gobierno busca opciones para conjurar el
riesgo de
caer en default. Por
eso ha
anunciado alternativas para el pago de
los bonos que vencen a finales de 2016. Sin embargo, aún debe conseguir
los $5.015 millones que debe pagar en el primer semestre de 2017. En
este contexto de restricciones económicas, el riesgo país se elevó a 2.551
puntos (uno de los más altos del mundo). A esto contribuye el reciente cambio en los ministros que
manejan la economía, cuestión que afectó la percepción del país.
Según datos de la agencia Bloomberg, el costo de asegurar los bonos venezolanos
subió 5,83.
Aunque
el gobierno ha cumplido con sus pagos de deuda –aun en detrimento de las
importaciones básicas y esenciales-, el margen de maniobra luce agotado y justifican
la necesidad de un refinanciamiento. Venezuela ha tardado mucho en llegar a un
acuerdo con sus acreedores pero aún tiene tiempo. Cualquier tenedor de bonos de la República
o Pdvsa preferirá un acuerdo que preserve su inversión antes
de que el país incurra en un default que deteriore la cotización de sus bonos.
De no llegar a un acuerdo,
el gobierno tendría que solicitar un financiamiento externo y reducir aún más
las importaciones, y los acreedores no quieren correr el riesgo de ahorcar la
economía venezolana porque a fin de cuentas esto también repercutiría en el
valor de sus bonos. Los inversionistas perciben que Venezuela tiene un problema
temporal de liquidez más no tiene problemas de solvencia en el largo plazo. La
voluntad de pago del gobierno ha sido muy clara y la capacidad de hacerlo
dependerá de los precios del petróleo y del flujo de divisas que perciba con
los contratos del Arco Minero del Orinoco.
¿Reestructuración
o moratoria?
La gravedad de la deuda
externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación
del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del
PIB en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un
contraído PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el
verdadero valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda
como porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable.
Otra idea errónea sobre
la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo
se recuperarán a través del control de la producción en la Opep. Los fallidos
intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen
para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.
Otra falsa esperanza es
creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado
como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos
hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el
tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo
de los proyectos del Fondo Chino.
Lo
cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000
millones y el país no puede seguir como va. Ante
el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas que
impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la
deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI,
se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado
cambiario hasta la moratoria
unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración
de los pagos.
Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de
Economía, Joseph Stiglitz, quien
argumenta que cuando un país impone una
reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una
política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas
que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de
exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de
nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que
había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”,
asegura quien también fue jefe de los asesores económicos de Bill Clinton
Los que se oponen a la
moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República
y Pdvsa. Ambos tienen activos
estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial
y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13
refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y
embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un
alto costo político para el Gobierno.
El margen de maniobra
para liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana
para aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar
en un año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por
compras gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los
pagos en dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán,
etc.; reperfilar los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por
vencerse con nuevas emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas
por el burocratismo y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la
imagen de Venezuela en los mercados financieros para corregir la sobrestimación
del riesgo-país.
La situación de
Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de
una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y
económicas, los acreedores perciben que
el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales
reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no sufre
una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema
temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana
es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en
sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los
precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces,
que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de
maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea
tan mal tratado por las calificadoras de riesgo? @victoralvarezr
No hay comentarios:
Publicar un comentario