¿Por qué no se toman las medidas económicas que son de sentido común y amplio consenso?

¿Por qué no se toman las medidas económicas que son de sentido común y amplio consenso?

¿Qué es lo que impide sincerar el precio de la gasolina y la tasa de cambio de 10 Bs/$? El gobierno evade las medidas de ajuste para superar la crisis porque les atribuye un impacto antipopular. Pero en las parlamentarias del 6-D pagó el costo político de su inacción, justamente por no aplicar las medidas que son de sentido común y amplio consenso. Y ahora teme medirse en las elecciones regionales que sabe va a perder.

Ignorando las leyes que rigen la economía y preso de sus creencias limitantes, el gobierno sigue sin comprender por qué el control de cambios no evitó la fuga de capitales ni el descalabro de las reservas internacionales, pero lo mantiene como un instrumento de dominación política. Lo mismo hace con el control de precios que no pudo impedir la inflación más alta del mundo, pero le es útil y funcional a su modelo de dominación.

Un modelo económico se plantea hacer rendir unos recursos escasos para optimizar el bienestar social. Pero cuando éste degenera en un modelo de expoliación, el problema ya no es solo la ignorancia e incapacidad de los gobernantes, sino la estratagema de la que se valen los corruptos para capturar la renta. La acumulación de fortuna no se logra con la inversión productiva que genera una creciente riqueza, sino a través del enriquecimiento fácil que se obtiene al medrar de los errores y desviaciones de la política económica. La mentalidad rentista espera por un aumento de los precios del petróleo para distribuir clientelarmente la renta, mejorar su opción electoral y aferrarse al poder.   

A contrapelo de un modelo económico que crea capacidades industriales y tecnológicas, el modelo de expoliación no busca estimular las fuerzas productivas, sino el saqueo de la renta petrolera y el despojo a la empresa privada. Con este fin, destruye los mecanismos del mercado que regulan la dinámica económica y los sustituye por decisiones discrecionales del burocratismo. El modelo se vale de engorrosos trámites para crear una empresa, rígidos controles de cambio y de precios, abusos en las inspecciones y multas, requisa y remate de mercancías, arbitrario cierre de establecimientos, hasta llegar al extremo de encarcelar a sus gerentes y expropiar las empresas. Esta acción punitiva espanta la inversión, estimula la fuga de capitales, castiga la  producción y genera desempleo y escasez.

La pobreza derivada se convierte en el caldo de cultivo perfecto para implantar el modelo de control social con el cual somete y doblega a la población. A través de los programas compensatorios destruye la dignidad de la población más vulnerable que se acostumbra a vivir de las dádivas del gobierno, a cambio de su lealtad política e incorporación a los colectivos, brigadas de choque, milicias y reserva militar.

Los incentivos perversos de la política económica originan redes de corrupción que penetran el poder y van colonizando los puestos claves de mando donde se asignan y administran los recursos públicos. La corrupción va penetrando los ministerios, empresas del Estado, fuerza armada y poder judicial que, en estrecha colusión, conforman una poderosa nomenklatura que no diferencia entre el patrimonio público y el privado. Para enriquecerse con facilidad, manipulan a su favor los instrumentos de la política económica y despliegan su influencia para evitar cualquier medida de ajuste que amenace con desmantelar su estructura de poder.

Para blindar su defensa, el modelo de expoliación coopta militares y funcionarios que coloca en cargos donde pueden enriquecerse ilícitamente. Si logra corromperlos, los hace cómplices y parte de un modelo de expoliación que tuerce a su favor no solo la capacidad represiva del Estado, sino también el usufructo de los siguientes instrumentos de la política económica:

1.    Régimen de cambios múltiple mantiene brecha entre tasas de cambio para asegurar las ganancias de quienes reciben el dólar barato y lo revenden caro.

2.    Control de precios y subsidios que alimenta y sostiene el contrabando, así como la especulación con alimentos, medicinas y demás productos subsidiados.

3.    Expropiación y estatización de empresas que terminan secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.

4.    Financiamiento público en condiciones ventajosas de tasas de interés, plazos y garantías que son desviados y nunca devueltos a los entes del Estado.

5.    Adjudicación directa de obras públicas, contratos de servicios y suministro de bienes a testaferros, empresas de maletín y grupos económicos relacionados.  

6.    Licencias de importación que confiere a privilegiados el monopolio de la importación, distribución y comercialización de alimentos, medicinas e insumos.

7.    Dispensa de permisos sanitarios para la importación de alimentos y medicinas vencidos que se liquidan en el mercado internacional.

8.    Eliminación del sistema de precios de referencia internacional para facilitar importaciones con sobreprecio y mayor asignación de divisas preferenciales.

9.    Deuda externa ficticia para alimentar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales que ocultan el origen ilícito de fondos mal habidos.   

10. Control de puertos y aduanas para encubrir la sobrefacturación y el contrabando de gasolina, minerales, insumos básicos, alimentos y medicinas.  

11. Decretos de Emergencia Económica que agrava la discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en la administración de los presupuestos.

12. Destrucción del marco legal y del entorno institucional para criminalizar la protesta y facilitar las decisiones arbitrarias del burocratismo.

Para erradicar el manejo perverso de estos instrumentos por parte de una nomenklatura corrupta que penetró y secuestró los poderes públicos, es necesario corregir las desviaciones y errores de la política económica. Esto pasa crear un nuevo marco legal y entorno institucional que sea expresión de un gran acuerdo nacional para aislar el efecto negativo de las oscilaciones de los precios del petróleo sobre la economía y la sociedad, y para evitar el uso arbitrario y discrecional de la renta por parte del gobierno de turno.

Para enterrar el modelo de expoliación es necesario restituir el Estado de Derecho y contar con un Poder Judicial capaz de sancionar el enriquecimiento ilícito. Se impone devolver la independencia y autonomía de los poderes públicos, incluyendo la AN para que pueda limitar el gasto del gobierno y controlar con rendición de cuentas la administración de los presupuestos. Esto pasa por restaurar la autonomía del BCV en el control de las reservas internacionales y la emisión de dinero.

También es necesario contar con unos medios de comunicación independientes que apoyen la contraloría ciudadana para investigar, denunciar y castigar las aberraciones en las que se sustenta el modelo de expoliación, hasta sustituirlo por un verdadero modelo económico que rescate el uso de los instrumentos de política económica, en función de impulsar la transición de una economía rentista, estatista e importadora hacia una economía exportadora, sustentada en el emprendimiento, el valor del trabajo y el esfuerzo productivo.