Conversaciones con el Embajador Milton Rengifo
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Sumario:
ü
“Una de las
claves fue no utilizar los diálogos como una estrategia para obtener ventajas y
mantenerse en armas”
ü “Coexistió
la guerra y el diálogo, por lo cual fue fundamental el papel de los terceros
actores internacionales”
ü “Las
negociaciones contaron con un importante rol de los países acompañantes y
garantes y el compromiso de Naciones Unidas en el monitoreo y la verificación”
ü “No
podían ser modelos de negociación y pactos cerrados, sino que se requería
incluir a la sociedad.
ü “Y
el reconocimiento de las partes entre sí fue el punto de partida”
Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera
década del siglo XXI, la historia de Colombia estuvo marcada por la violencia
política. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto y la lucha armada? ¿Quiénes
fueron los protagonistas y responsables? ¿Por qué se prolongó durante tantas
décadas? ¿Cuál fue el costo económico y social de ese conflicto? ¿Quiénes
fueron las víctimas? ¿Cómo fue posible un diálogo entre las partes en pugna que
se estaban matando? ¿Cómo y cuándo se iniciaron los procesos de paz? ¿A qué
acuerdos se llegaron? ¿Cuánto se ha cumplido? ¿Qué queda pendiente?
Para comprender mejor las causas,
razones y motivos de la violencia política en Colombia y, sobre todo, para
entender cómo se activó el diálogo político y las negociaciones que hicieron
posible los Acuerdos de Paz, hemos invitado al Sr. Milton Rengifo, embajador de
Colombia en Venezuela, quien nos explicará las condiciones históricas concretas
en las que se desarrolló el conflicto armado, y cómo fue posible que finalmente
se llegara a los Acuerdos de Paz.
Y para hacer rendir el tiempo,
vamos con nuestra primera pregunta.
Embajador, ante todo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre los procesos de paz en Colombia. Para empezar, nos gustaría entender ¿Cuáles fueron las causas económicas, sociales y políticas de la violencia política que desembocó en un conflicto armado? ¿Qué pasaba en Colombia? ¿Cuál era el contexto? ¿Hubo algún suceso o evento especial que sirvió de detonante o disparador del conflicto?
R/. Hablar de la de la
asociación de política y armas en Colombia es un gran reto, el País tiene una
historia marcada por esta huella trágica. Pero quiero referirme específicamente
a la violencia que se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX. Hay
un patrón en la historia de la violencia armada en Colombia y tiene que ver con
la incapacidad de las élites políticas y económicas para responder a las
demandas sociales y a la necesidad de inclusión de nuevas fuerzas en el poder
político.
Con el asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán en 1948, a las puertas de ganar la presidencia, nos
enfrentamos a un momento detonante de la violencia política y social en
Colombia. Gaitán un líder y caudillo liberal, representaba la voz popular,
campesina y una agenda social que se vio frustrada en medio del asesinato, este
magnicidio fue la expresión de la combinación de violencia y política. Este
evento desencadenó la profundización de la violencia bipartidista entre
liberales y conservadores por una década más y encubó una nueva fase: la de la
violencia guerrillera.
El Frente Nacional, un Pacto
político, el cual estuvo vigente entre los años de 1958 a 1974, fue un Pacto
insuficiente para alcanzar la paz. Logró reducir la violencia bipartidista,
pero no alcanzó a responder a las demandas de zonas rurales… de campesinos y
sectores populares, propiciando la multiplicación de la opción subversiva, como
fórmula armada para canalizar las demandas de inclusión política y reformas
sociales.
Otro momento importante
en la historia de la guerra y la paz en Colombia es el “Pacto” alrededor de la
Constitución de 1.991. Esta Constitución recoge un reclamo ciudadano de capas
urbanas, las necesidades de modernización promovidas por élites progresistas y
alcanza a incluir reformas consagradas en acuerdos con guerrillas con las que
se alcanzó la paz, quizá la más representativa el M-19.
Sin embargo, no se
logra incluir en este “Pacto” a las FARC, ni a todo el ELN, esto favorece otro
nuevo ciclo de violencia donde emergen nuevos actores como el narcotráfico y el
paramilitarismo: una estrategia contrainsurgente de los sectores más radicales
de la derecha, en alianza con el narcotráfico e incluso con agentes del Estado.
Colombia inicia así el
siglo XXI con amplios territorios en el norte del País bajo el control del
paramilitarismo… en algunos casos con la omisión del Estado. Y con amplios
territorios en el sur del país bajo el control de las FARC... en algunos casos
producto del desinterés del Estado… La institucionalidad se concentraba en las
grandes ciudades.
Una Colombia moderna
urbana coexistía con una Colombia premoderna rural. En el corazón de la
conflictividad armada y social estaban, entre otros factores:
i)
las disputas por la tenencia y uso de la
tierra, expresando la necesidad histórica de una reforma agraria que
modernizara el campo y democratizara el acceso a la tierra; y
ii)
el cierre político a nuevas fuerzas políticas,
especialmente de izquierda o reformistas, manifestando el imperativo de hacer
efectiva la Constitución de 1.991 en todo su carácter pluralista.
En 2016 se firma el
Acuerdo con las FARC y con este en gran medida se busca responder a estos
factores asociados la violencia política y a otros más, como el narcotráfico y
la necesidad de transformar los territorios históricamente golpeados por la
guerra.
Después de más de medio siglo de conflicto, de cuantiosos daños materiales e irreparable pérdida de vidas humanas ¿Cómo se activó el diálogo entre los actores en pugna? ¿Cuánto tiempo duraron las negociaciones? ¿Dónde y cómo se realizaron? ¿Fueron negociaciones directas o hubo mediación internacional?
R/. La violencia
política en Colombia nos ha dejado un paradójico saldo, y es una amplia
experiencia en iniciativas de diálogo y negociación política y quizás ese
elemento ha sido una de las columnas vertebrales para el logro del Acuerdo de
Paz con las FARC.
Quisiera resaltar aquí
el cómo se logra activar ese diálogo: quizá el factor central fue el
reconocimiento por parte de una buena parte de las elites políticas y
económicas, que las FARC era un actor político-militar que amenazaba el poder
establecido y que se requería buscar una vía no-militar para poder resolver la
situación de conflictividad armada.
La
contracara de la anterior condición fue la decisión por parte de las FARC de
iniciar una negociación orientada a alcanzar unos acuerdos que terminaran los
vínculos entre armas y política, con el compromiso de desarrollar unas reformas
con las cuáles, además, estaban de acuerdo gran parte de sectores políticos en
Colombia y no utilizar los diálogos como una estrategia política-militar para
obtener ventajas y mantenerse en armas, como fue el caso de los frustrados
diálogos de San Vicente del Caguán.
Otro aprendizaje
importante fue reconocer que no podíamos hacerlo solos y que teníamos que
buscar acompañamiento, mediación y facilitación internacional e incluso
desarrollar todo el proceso de negociación fuera del territorio
colombiano. Esto implicó aceptar también
que, continuaba la confrontación armada en territorio colombiano y que en algún
sentido coexistió la guerra y el diálogo, por lo cual fue fundamental el papel
de los terceros actores.
El modelo de
negociación fue bilateral (Gobierno y FARC), semi cerrado en la medida que la
participación de otros actores fue regulada y con estatus distinto al de los
negociadores. Contó con un importante rol de los países acompañantes y garantes
y con el compromiso de Naciones Unidas en el monitoreo y la verificación.
Sin embargo, se crearon
vasos comunicantes con procesos de participación social a través de plataformas
de diálogo social, que le dieron voz a territorios con baja representación
política, también se les dio espacio a comunidades indígenas, afrocolombianas,
campesinas, a organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre
otras.
Nuestras experiencias
de paz anteriores nos mostraban que no podían ser modelos de negociación y
pactos cerrados, sino que se requería incluir a la sociedad. Entonces de manera
no explícita se desplegaron procesos de diálogo social, en los cuales se
recogieron agendas que fueron llevadas a La Habana, Cuba, a la mesa de
negociación entre el Gobierno y las FARC.
Estamos hablando que el
reconocimiento de las partes entre sí fue el punto de partida. Que reconocer
que se requería apoyo internacional fue fundamental. Y que mantener un proceso
de diálogo social paralelo y articulado a negociación política fue estratégico.
¿En qué consiste el
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC? ¿Fue un solo
Acuerdo o fueron varios Acuerdos? ¿Quiénes los firmaron? ¿A qué se
comprometieron las partes? ¿Cuál es el balance neto? ¿Cómo se verifica lo que
realmente se ha logrado y lo que está pendiente?
R/. Muy importante
resaltar que el Acuerdo de Paz con las FARC es un Acuerdo con grandes
características técnicas, el cual cumple estándares internacionales de Derechos
Humanos y construcción de paz y eso lo hace un Acuerdo con amplio respaldo de
la comunidad internacional.
El Acuerdo Final es
obviamente un cuerpo único, pero se constituye como una sumatoria de acuerdos
parciales sobre temas que estaban en el corazón de la violencia y el conflicto
en Colombia:
·
Hay un acuerdo que responde a la demanda
fundamental de las FARC (una guerrilla campesina) y que tenía que ver con la
tenencia y uso de la tierra, una mejor distribución de la propiedad y generar
condiciones para que esas tierras redistribuidas sean productivas y estén
articuladas al sistema económico del País. Es decir, debe llevar a un proceso
de inclusión del campesinado en el desarrollo del País.
·
Otro acuerdo responde a la necesidad de
inclusión política y por eso se plantea en otro punto una serie de medidas para
una nueva apertura democrática que permita que surjan nuevas voces y nuevas
fuerzas políticas con garantías en el espectro del poder político. Avanzar en
una reforma política y en mecanismos de participación social efectivos.
·
Hay otro elemento central a transformar, el
cual fue el que generó la profundización de la violencia desde la década de los
noventa: el narcotráfico. Entonces hay un punto específico para tratar,
soluciones a la problemática de drogas ilícitas.
·
Otro acuerdo es una respuesta a la larga
historia de violencia y sus costos humanos, la necesidad de atender y reparar a
las víctimas del conflicto y que la justicia, la verdad y la no repetición se
conviertan en factores de transformación de dicha situación de victimización.
Hay unos acuerdos que tienen que ver con la justicia transicional y, en
general, con el proceso de reparación a todas las víctimas del conflicto armado.
Esos elementos hacen
que sea un Acuerdo de Paz integral, el cual logra equilibrio entre los factores
económicos, políticos y sociales, asociados a las causas y la pervivencia del
conflicto armado, respetando sí, estándares de Derechos Humanos. Finalmente, se
definen unos mecanismos en otro punto del Acuerdo Final sobre la dejación de
armas, la reintegración de los excombatientes y demás temas propios del punto
denominado: Fin del Conflicto.
El Acuerdo Final recoge
mecanismos de verificación internacional, mecanismos para viabilizar su
cumplimiento y mecanismos que blindan su contenido de las agendas específicas
del Gobierno de turno. Es un Acuerdo que tienen un alcance constitucional.
Una condición básica
para la paz democrática es que se rompa el vínculo entre política y armas, que
no se utilice la violencia para promover una causa política, y que quienes han
abandonado la vía armada para llegar al poder tengan todas las garantías de que
no serán objeto de persecución judicial ni violencia política. Embajador, ¿Qué
garantías se les dieron a los alzados en armas para su reinserción en la
actividad política? ¿En que se transformó el movimiento guerrillero? ¿Qué
participación tienen actualmente en la vida política nacional?
R/. Esta pregunta es
muy importante porque como mencioné antes, uno de los muchos retos es ¿Cómo
hacer sostenible la paz y cómo multiplicar el impacto del Acuerdo para que este
se convirtiera en el motor de la transformación del País y, no solo, en un
factor de inclusión en el poder político? Es decir, salir de la lamentable
fórmula de la combinación de armas y política: “yo tomo las armas, presiono al
Estado y me incluyen en el Poder Político”.
Lo que se logra con el
Acuerdo de Paz con las FARC es integrar varias necesidades: una agenda de
reformas aplazadas en Colombia, las reivindicaciones centrales de las FARC
(como el tema agrario), la necesidad de abrir el espectro político y la
participación y, por supuesto, acordar la garantías para la entrega de armas y
la reincorporación a la vida civil.
Un impacto muy
importante, el cual se desplegó durante el proceso de implementación fue el de
generar las condiciones para que otras fuerzas políticas tuvieran acceso al
poder, respondiendo a la necesidad de inclusión política, y que esta inclusión
no se restringiera a los miembros de las FARC. Hoy Colombia cuenta con el
primer Gobierno de centro- izquierda y es indiscutible que el Acuerdo de Paz
contribuyó a que el descontento social (Paro Cívico de 2019-2021) y que nuevas
fuerzas políticas fuesen encausadas a través de la institucionalidad -y no de
las armas-, y que la reacción de los sectores más conservadores tampoco
incluyese el uso de las armas. Al salir parcialmente de este círculo vicioso de
armas y política en Colombia avanzamos en la democratización.
Claro, la
implementación y las transformaciones aún está en marcha. Hay una serie de
reformas que todavía están en disputa y que tienen que ver con la reforma rural
integral y la capacidad de que campesinas y campesinos -quienes no han accedido
a la tenencia de la tierra o que no han podido convertirse en actores
fundamentales del desarrollo rural-, puedan contribuir en equidad y justicia,
junto al gran propietario de la tierra, en el desarrollo y la toma de decisión
en Colombia.
Por supuesto, también
se requirió definir unas garantías para que los excombatientes no recaigan en
la confrontación. Y aquí la actuación del Estado es clave generando condiciones
para la reintegración social, política, económica y comunitaria. Los
excombatientes requieren ser incluidos en el tejido comunitario, contar con
proyectos productivos para su sostenibilidad, tener unos canales políticos para
hacer seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos y disponer de espacios para
el ejercicio político.
Un tema especialmente
sensible es el de la seguridad para garantizar que la guerra no se reproduzca. El
Estado tiene la responsabilidad de copar los territorios que estaban bajo el
control de las FARC y garantizar la seguridad de los excombatientes, ahí los
resultados son parciales, pero conozco se trabaja en mejorar esto.
Embajador, en los
procesos de paz suele presentarse una tensión entre justicia y paz. La justicia
suele ser confundida con retaliación y venganza, mientras que al logro de la
paz se le atribuye un alto costo en términos de impunidad. Al observar la
experiencia internacional, en unos países se impuso el olvido y el perdón para
lograr la paz política, en otros casos se optó por saber primero la verdad y
luego el perdón, y en otros prevaleció la verdad y la justicia. Ahora bien, la
idea de justicia se suele enfocar en el castigo a los culpables y no en la
reparación a las víctimas. ¿Cómo se resolvió en Colombia esta tensión? ¿Cuál es
la noción de justicia que orienta el proceso de paz en Colombia? ¿Dónde se
centra el esfuerzo, en el castigo a los culpables o en la reparación a las
víctimas?
R/. El balance que
logró el Acuerdo de Paz con las FARC merece un especial
reconocimiento, incluido el reconocimiento internacional, y eso no
significó que haya sido fácil la discusión interna en el País. En términos de
estándares internacionales, este acuerdo con las FARC logró tener un gran
balance entre el componente de Construcción de Paz y el componente de Derechos
Humanos.
El Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición lo constituyen tres ejes
institucionales:
i)
la Jurisdicción Especial por la Paz,
ii)
la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad y,
iii)
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas.
Este sistema de
justicia transicional logró que se armonizaran en, distintos niveles, la
necesidad punitiva, la necesidad de reparación y, en general, las demandas que
había en términos de Derechos Humanos.
Con la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) lo que se logró es que, en un tribunal especial, paralelo
a la justicia ordinaria, se pudiera juzgar a los responsables de graves
violaciones de Derechos Humanos y los delitos más graves y representativos del
conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que
sean definidos por la Ley y los magistrados, respetando eso sí, estándares
internacionales de Derechos Humanos. El enfoque de este Tribunal es
transicional y, por lo mismo, aplica criterios de justicia restaurativa.
Todo el Sistema
Integral de Justicia Transicional tiene un enfoque que mantiene a las víctimas
en el centro de atención, donde la prioridad es la reparación y no repetición,
y donde la verdad histórica es un componente de la reparación de las víctimas
del conflicto armado.
La Comisión de la
Verdad tuvo como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de hechos que
constituyen graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, y que se conozca el impacto humano y social
del conflicto en la sociedad, entre otras funciones.
El Informe de la CEV no
tiene la capacidad de judicializar, ni generar resultados punitivos, pero tiene
la capacidad de que la sociedad conozca y haga una reflexión profunda sobre el
involucramiento de múltiples sectores sociales y políticos en la guerra, en la
victimización a la que se ha sometido a millones de colombianos y colombianas.
En un sentido más
amplio, la verdad no solo contribuye a la reparación a las víctimas, sino que
es fuente para avanzar hacia la reconciliación y la no repetición. Y algo que
me parece muy importante resaltar de nuestra experiencia de construcción de la
verdad fue que incluyó un amplio proceso de diálogo social, el cual generó
múltiples acercamientos entre actores antagónicos en nuestra sociedad.
La guerra
generó dentro de sus consecuencias una que no estaba suficientemente atendida
por la institucionalidad: la
desaparición forzada. Para ello se creó la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas, cuyo carácter es
extrajudicial y desarrolla una acción humanitaria para la localización de
personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia.
Agradecemos altamente al Sr. Milton Rengifo, Embajador de Colombia en
Venezuela, por esta interesantísima conversación que nos ayuda a entender las
causas históricas que desencadenaron la violencia política y el conflicto
armado en Colombia, y cómo fue posible que después de más de medio siglo de
cruenta lucha, y de un complejo y largo proceso de dialogó y negociación, fue
posible llegar a unos acuerdos de paz que abrieron nuevas vías para el
reencuentro, la reconciliación y la paz en Colombia.
Víctor Álvarez R.
Director de Pedagogía Económica y Electoral
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