Por: Víctor
Álvarez R.
La guerra económica tiene como fin provocar una
creciente escasez, acaparamiento, especulación e inflación para generar malestar
en la población, minar la base de apoyo social del gobierno, lograr su derrota
en las elecciones parlamentarias de 2015 y activar el referendo revocatorio en
2016. Enfrentar con éxito esta amenaza impone cortar de raíz el margen de
maniobra que la propia política económica del gobierno bolivariano le concede a
sus enemigos, quienes aprovechan al máximo las posibilidades de acaparar,
especular y contrabandear para desestabilizar la economía y crear una crisis de
gobernabilidad.
Eliminar incentivos a la especulación cambiaria
La enorme brecha entre los extremos del régimen de cambios múltiples se
ha convertido en un incentivo para atraer a los especuladores que buscan
echarle mano a los dólares baratos de Cencoex para venderlos caros a la tasa de
Sicad 2 o del paralelo. Esta abismal diferencia exacerba la mentalidad rentista
hasta en el ciudadano de a pie, quien busca viajar a la tasa de 11 Bs/$ y al
regreso pagar los gastos revendiendo el cupo de $ 500 a 80 Bs/$. Otros arman
redes para obtener asignaciones a 49 Bs/$ en Sicad 2 que luego revenden en el
paralelo. La especulación cambiaria se desborda con los delitos de
sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, empresas de
maletín, “raspacupos” y demás negocios ilegales a través de los cuales se sigue
defraudando a la Nación. Derrotar a los especuladores implica cortar por lo
sano y unificar las múltiples tasas de cambio para que se acabe de una vez por
todas el perverso incentivo al rentismo parasitario y corrupto que ofrece la
propia política cambiaria.
Eliminar incentivos
al contrabando de extracción
La política de precios se basa en
un sistema de subsidios a fin de garantizar precios solidarios a los
trabajadores venezolanos. Por eso, los productos de la canasta básica, combustibles,
electricidad, gas doméstico, agua potable, etc. se mantienen congelados durante
varios años. Sin embargo, suele ser tan bajo el PVP en el mercado nacional en
comparación con los países vecinos, que esa diferencia estimula un descomunal
contrabando de extracción. Según datos de voceros oficiales, por esta vía se
pierde más del 40% de los productos subsidiados, siendo esta una de la causas
de la escasez que azota a los consumidores locales. Un solo dato: en Colombia el litro de gasolina que cuesta 2.275
pesos, en Venezuela se consigue a solo 29 pesos. Dicho en bolívares, lo que aquí cuesta apenas 0.097 céntimos, allá cuesta Bs 7.5. Llenar en la
frontera un tanque de 80 litros sale en 2.320 pesos, lo que cuesta un solo
litro en Colombia. Así, lo que compran
por 2.320 pesos lo revenden luego por 182.000 pesos. Con un viaje diario
obtienen $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Mientras se mantenga semejante diferencial de
precios persistirá el incentivo al contrabando de extracción, el cual asciende
a 100 mil barriles diarios, según la propia Pdvsa. Con base en un precio de 100
$/barril, 100 mil barriles diarios por
365 días al año equivalen a $ 3 mil 650 millones al año, un negocio que genera a
las mafias sumas más que suficientes para corromper y amenazar a quienes terminan
siendo cómplices y parte del contrabando de extracción. Y lo mismo ocurre con los
alimentos, medicamentos, productos de higiene personal, etc., cuya escasez se
sufre incluso en la red Mercal,
Pdval, Bicentenario y Farmapatria, donde se observan anaqueles vacíos. Así, el millardario desembolso que el gobierno
hace al subsidiar productos de primera necesidad termina siendo anulado, no
solo por las poderosas mafias de contrabandistas, sino por los propios
buhoneros y revendedores del sector informar que a cada nuevo control le
inventan su manera de burlarlo. Derrotar a los
contrabandistas, bachaqueros y revendedores implica nuevamente cortar por lo
sano, homologando el precio de estos bienes al nivel que tiene en los países
vecinos y acabar así con el incentivo al
contrabando de extracción que ofrece ese enorme diferencial de precios. ¿De qué vale un PVP subsidiado y controlado si el producto no se
consigue?.
Eliminar los factores
propagadores de la inflación
El control de precios ha mostrado
sus límites. Se controla el precio final pero se dejan liberados los precios de
los insumos. Así, hasta en la economía social los costos de producción superan
el precio controlado y desestimulan la producción. Como nadie produce para
perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez. Y cuando finalmente
se corrige el rezago de varios años, se liberan las compuertas de la inflación
que estaba artificialmente represada.
La inflación anualizada al mes de
agosto está en 63,4 %. Si esta tendencia sigue, a final de año la inflación
puede estar cerca del 100 %. Cuando los bancos centrales pueden crear dinero, suele
ser una tentación para un gobierno en déficit buscar financiamiento en el
instituto emisor, a través de la emisión de bonos que la autoridad monetaria
compra. Al mes de agosto, el financiamiento del
BCV a Pdvsa supera los Bs 515.853.533 millones, sin que la producción haya
aumentado en la misma proporción. La expansión de la liquidez monetaria -sin respaldo en el
aumento de la oferta de bienes-, se traduce en un deterioro del poder de compra
de la moneda. Derrotar la inflación
exige prohibir el financiamiento del
déficit fiscal por parte del BCV, toda vez que el crecimiento de la liquidez
monetaria en un mercado afectado por crecientes índices de escasez es una de
las causas propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto
inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los
sectores que viven de un ingreso fijo, que es justamente la base de apoyo
social que a la Revolución Bolivariana le interesa proteger y preservar. @victoralvarezr
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