Por: Víctor Álvarez R.
La política social asistencialista y
compensatoria no ofreció antes, ni podrá ofrecer nunca, una solución estructural
a la problemática del desempleo, la pobreza y la exclusión social. La
prolongación incondicional de las compensaciones, lejos de erradicar sus causas,
por el contrario exacerban la cultura rentista que pretende vivir indefinidamente
de ingresos que no son fruto del trabajo. Las medidas compensatorias crean
inercias que condicionan su evolución a largo plazo y las asignaciones se
vuelven “derechos inalienables”,
comprometiendo cuantiosos recursos que tendrían mejores resultados si fuesen
destinados a la capacitación técnica y al financiamiento de proyectos
productivos.
La clave de una política social
revolucionaria radica en transformar las asignaciones permanentes y sin
condiciones en un incentivo temporal, sujeto al logro de metas para elevar el nivel educativo y la capacitación
técnica, como fundamento para el desarrollo de proyectos productivos que hagan
posible la inserción de los excluidos en la construcción de un nuevo modelo
productivo liberador. Sin embargo, el poco peso de la
economía social en el PIB y en la Población Económicamente Activa indica que
este sigue siendo un reto pendiente que es necesario encarar, perfeccionando la
política social.
En la primera etapa de la
política social bolivariana prevaleció una orientación asistencialista, toda
vez que resultaba urgente desactivar la bomba de tiempo social heredada de la
IV República. La inversión social de la renta petrolera permitió aliviar los
estragos de la pobreza, pero sin tener muy claro que las compensaciones
tendrían un carácter temporal y serían gradualmente sustituidas por nuevos programas
orientados a profundizar la inserción de la población pobre
y excluida al sistema educativo y de capacitación productiva. El relanzamiento
de las misiones anunciado por el Presidente Nicolás Maduro señala que la compensación se mantendrá
pero será coyuntural e irá desapareciendo a medida que el aumento del nivel
educativo, la capacitación técnica y el financiamiento a proyectos productivos
faciliten la inclusión social en el sistema económico, de
tal forma que los favorecidos dejen de depender de las asignaciones de las
misiones y puedan satisfacer sus necesidades a partir de su propio esfuerzo
productivo. A través de la creación de millares de empresas comunales y de
propiedad social, bajo el control de los trabajadores y la comunidad, se facilitará
la incorporación de los excluidos en la producción de los bienes y servicios
que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y
esenciales.
De allí la importancia de repensar las misiones
que nacieron con una orientación asistencialista y compensatoria para impulsar su
salto cualitativo, cuyo nuevo principio rector debe ser: “De cada quien
según su capacidad y a cada cual según su trabajo”. A la luz de este
principio socialista, las asignaciones quedarán condicionadas a logro de metas
en materia de estudio y capacitación técnica, superando la cultura rentista que
pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo y así abrirle
paso a una nueva cultura sustentada en el valor del trabajo. @victoralvarezr
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