Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El subsidio a la gasolina es una medida que lejos de favorecer a los
sectores populares, en realidad origina una distribución regresiva del ingreso
en favor de quienes más tienen. Al destinar
cuantiosos recursos públicos a subsidios dirigidos a pobres y ricos por igual,
se comete una injusticia redistributiva, ya que los que más tienen no necesitan
que se les subsidie nada.
Lo
antipopular no es aumentar el precio de la gasolina sino mantener un ruinoso
subsidio que despoja a los más pobres de cuantiosos recursos
que pudieran ser invertidos en su beneficio. Mientras las familias que tienen
dos, tres o más vehículos pagan semanalmente solo 5 bolívares por llenar un
tanque, los que no tienen carro pagan diariamente 20 bolívares para desplazarse
en un sistema de transporte público cada vez más deficiente, toda vez que el
pasaje más barato está en torno a 10 bolívares.
¿Cuánto cuesta el
subsidio?
En Venezuela, un litro de gasolina de 95
octanos cuesta Bs. 0,097, algo más de un centavo de dólar a la tasa de 6,30
Bs/$. En EE.UU o la Unión Europea puede llegar a costar 2 $/litro. En países
con gobiernos progresistas y de izquierda como Bolivia, Ecuador, Uruguay o
Nicaragua, el galón de 3.78 litros cuesta $ 3.90, por encima de 1 $/litro. En
estos últimos países que tienen precios solidarios para la población, llenar un
tanque de 60 litros cuesta $ 60. Aquí, 60 litros x 0,097 Bs/litro sale en solo
Bs 5,82, menos de 1 $ a la tasa de cambio de 6,30 Bs/$.
Si
asumimos como referencia el precio del combustible en países con gobiernos
progresistas, esto equivale en Venezuela a un subsidio de $ 60 cada vez que se
llena el tanque, lo cual ocurre en promedio una vez a la semana. Si
multiplicamos $ 60 por 52 semanas, resulta que por cada vehículo el propietario
recibe $ 3.120 de subsidio anual. Y si multiplicamos $ 3.120 por 4 millones de
vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, el costo de
oportunidad –o lo que se deja de percibir- asciende a $ 12.480 millones.
Por si fuera poco, el Ministerio de Petróleo y Minería ha reconocido que más de 149 mil
barriles diarios pierde Venezuela debido al contrabando de extracción. Tal
cifra, multiplicada por 365 días al año y luego por 90 $/barril que en promedio
fue el precio del petróleo hasta el año pasado, indica que el país perdió
anualmente $ 4 mil 894 millones por contrabando de combustibles.
La indecisión del
gobierno
En un año electoral, los mitos y tabúes arraigados en
el imaginario de la dirigencia política venezolana le atribuyen al aumento de la gasolina ser el detonante de protestas populares semejantes a las del Caracazo. El miedo al costo
político y al estallido de una reacción popular ha llevado al gobierno a
posponer una y otra vez esta decisión.
Si el
gobierno nuevamente pospone sincerar el precio de la gasolina, esta decisión
podría ser sometida a un referendo consultivo popular, tal como lo plantea el
artículo 71 de la CRBV. Al ser esta una materia de especial trascendencia
nacional, la decisión de fijar un precio justo para la gasolina y de qué hacer
con las ganancias que se deriven de este ajuste podría ser sometida a Referendo
Consultivo.
¿Cuánto debería costar el litro?
Según la Ley Orgánica de Precios Justos, un precio justo es aquel que
permite cubrir los costos y obtener una ganancia máxima de 30%. Según datos de
PDVSA, el costo
de refinación es 2,75 Bs/litro y los costos de transporte y distribución rondan
0,35 Bs/litro, para un total de Bs 3,10. Si a estos costos sumamos 0,90
céntimos -equivalente al 30% de ganancia-, esto indica que el precio justo de
la gasolina no debería bajar de 4 Bs/litro.
Si se deja claro que las ganancias
del precio justo de la gasolina se destinarán a la modernización y ampliación
de la flota de transporte público en todo el país, y que el precio de los
pasajes no se incrementará, la ciudadanía respaldará masivamente esta medida,
toda vez que se trata de reorientar hacia la
inversión social un subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que
más tienen y que además se ha convertido en el principal incentivo al
contrabando de extracción.
Una campaña comunicacional que realmente contribuya a construir el
apoyo popular a la medida, debería someter a discusión la viabilidad y
conveniencia de transferir las bombas de gasolina a los Consejos Comunales y Comunas.
Esto aseguraría que parte de las ganancias se inviertan en la creación de empresas
comunales de transporte público, bajo el control de los trabajadores directos y
las comunidades organizadas. La administración de las ganancias generadas por
el aumento del combustible asegurará a los vecinos una fuente permanente de
recursos para financiar la economía comunal. Con fondos propios se puede
sostener nuevas formas de autogobierno y estimular una creciente participación
en las asambleas de ciudadanos, fortaleciendo la autogestión en la ejecución de
obras y prestación de servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida en la comunidad. Así se estimulará una mayor corresponsabilidad entre
la ciudadanía y las instituciones del Estado en el proceso de formulación,
ejecución y control de la gestión comunal.
La campaña comunicacional
Si realmente se quiere construir un amplio respaldo popular al ajuste del
precio de la gasolina, la campaña comunicacional tiene que estar dirigida a la
mayoría de la población que no tiene vehículo propio y nunca se ha beneficiado
para nada de un escandaloso subsidio que sigue siendo aprovechado por las
poderosas mafias que, según datos actualizados de PDVSA, sacan por contrabando
el equivalente a 149 mil barriles diarios. Sin embargo, la campaña pareciera
dirigida a crear conciencia de los daños que sufren las empresas que han sido
obligadas a vender lo que producen a un PVP menor que los costos de producción.
De allí la enorme aceptación que ha tenido en el mundo empresarial y lo poco
convincente que aún resulta en los sectores populares. @victoralvarezr
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