Por: Víctor Álvarez R.
En Venezuela, más de uno piensa que el aumento de la gasolina puede terminar siendo el detonante de
fuertes protestas populares, semejantes a las del Caracazo en 1989, sin considerar que aquellos conflictos estallaron
como respuesta al paquetazo neoliberal que afectó severamente a los
trabajadores y agravó los flagelos de la pobreza y la exclusión social. Ahora la
situación es diferente, la Revolución Bolivariana ha llevado a los sectores
populares el beneficio de la inversión social de la renta petrolera, por lo que
un aumento en el precio del combustible -lejos de convertirse en el detonante
de conflictos sociales-, sería un acto de justicia redistributiva.
En efecto, el subsidio a la gasolina es una medida que
aparentemente favorece a los que menos tienen, cuando en realidad lleva a una
distribución regresiva del ingreso. Al destinar cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que
benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva
porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada. Por eso, el
subsidio a la gasolina se está percibiendo como una medida antipopular que origina
una creciente indignación en los sectores más conscientes del pueblo venezolano,
quienes cada vez tienen más claro que el irrisorio precio del combustible beneficia
sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que
los que no tienen carro se ven obligados a desplazarse en autobús o metro y,
por lo tanto, en nada se benefician de una gasolina irracionalmente barata.
Por los
supuestos impactos que se le atribuyen al aumento de la gasolina, esta decisión
debería ser sometida a referendo consultivo popular, tal como lo plantea el
artículo 71 de la CRBV. Si se deja claro que un porcentaje de la recaudación
por el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de
transporte público en todo el país, y que el precio de los pasajes no se
incrementará, la ciudadanía respaldará masivamente la decisión de sincerar el
precio de la gasolina, toda vez que se trata de reorientar hacia la inversión social un subsidio regresivo que
favorece sobre todo a los que más tienen, mientras que los más pobres se ven
obligados a usar un transporte público todavía muy deficiente.
Para facilitar la
viabilidad de esta decisión, previamente se podrían transferir las bombas de
gasolina a las Comunas, para que luego éstas destinen el incremento del
combustible a crear empresas de transporte público y ampliar el número de unidades,
imprimiendo un poderoso impulso a la nueva economía comunal, bajo el control de
los trabajadores directos y de las comunidades organizadas. La administración
directa del aumento del combustible asegurará una fuente permanente de recursos
financieros para sostener otras formas de autogobierno y estimular una
creciente participación en las asambleas de ciudadanos, fortaleciendo la
autogestión en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida
en la Comuna. Asimismo, propiciará una mayor corresponsabilidad entre la
ciudadanía y las instituciones del Estado en el proceso de formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión comunal. @victoralvarezr
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