El neo-rentismo en los gobiernos progresistas

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos naturales indispensables para el desarrollo industrial de las grandes potencias. La mayor parte de la extracción de petróleo, minerales y otras materias primas se hace para su simple exportación y no para su transformación nacional en productos de mayor valor agregado que permita sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable. El extractivismo resulta ser un modelo subordinado y funcional a la lógica de los países de mayor desarrollo. Más que beneficios económicos, frena la industrialización, reprimariza la economía y genera grandes costos ambientales y sociales.

Al igual que el capitalismo rentístico -que sustentó su proceso de acumulación en la captación de una creciente renta petrolera-, el neo-rentismo socialista ha financiado la inversión social con base en los ingresos petroleros, sin mayores avances en la creación de un nuevo modelo productivo emancipador, que asegure la soberanía alimentaria y productiva de la Nación.

El neorentismo de los gobiernos progresistas

La Revolución Bolivariana ha reivindicado la soberanía nacional sobre los recursos naturales con un mayor control del Estado sobre la extracción y exportación del petróleo, pero en esencia mantiene el mismo modelo extractivista depredador de la naturaleza. De hecho, en el Plan de la Patria se plantea duplicar la extracción de petróleo para llevarla de 3 a 6 millones de barriles diarios, en lugar de plantearse una reducción del extractivismo a cambio de un aumento sostenido de la agricultura e industria en la conformación del PIB.

A diferencia de lo que ocurre en las economías no rentistas -donde se pecha con impuestos a los que más ganan para redistribuirlos luego en beneficio de quienes menos tienen-, en los modelos neo-rentistas lo más importante no es la redistribución del ingreso que se genera a raíz del esfuerzo productivo, sino la distribución de la renta que se captura en el mercado internacional.

Por eso, los gobiernos neo-rentistas intensifican sus estrategias para profundizar el extractivismo, maximizar el cobro de la renta y convertir ésta en la mayor fuente de recursos para financiar el presupuesto público y la inversión social.

El neo-rentismo en los gobiernos progresistas crea un espejismo de equidad, justicia y prosperidad, toda vez que la pugna por la distribución del ingreso entre los factores capital-trabajo queda amortiguada por el reparto de la renta. En efecto, el mayor ingreso fiscal de origen rentístico permite aumentar la inversión social sin tener que apelar al cobro de mayores impuestos directos o indirectos. Al no afectar las ganancias del capital y al mismo tiempo mejorar las remuneraciones de los trabajadores, el neo-rentismo logra ampliar la base de apoyo económico y social del proyecto político dominante.

A cada quien según su reclamo

En un país rentista, los actores económicos, sociales, políticos e institucionales se organizan y afilan argumentos para reclamar su derecho a recibir el mayor porcentaje de la renta que le sea posible. Así, la cultura rentista debilita el valor del trabajo, el espíritu emprendedor y el riesgo empresarial, toda vez que induce a vivir y enriquecerse a partir de las transferencias del Estado rentista.

De allí que el principal mecanismo de dominación del rentismo se revela a su vez como el principal obstáculo para lograr su superación. La ilusión de prosperidad tan arraigada en la cultura rentista se exacerba cuando se certifican importantes reservas que pueden ser explotadas durante siglos. Esto brinda una sensación de autosuficiencia y seguridad que recrudece el consumismo rentista y posterga los esfuerzos por construir un modelo productivo que asegure independencia y soberanía. Pero el modelo hace crisis cuando colapsan los precios del petróleo, se derrumba la renta petrolera y quedan inoperantes los mecanismos a través de los cuales tradicionalmente se distribuyó la renta:

En primer lugar, la sobrevaluación de la tasa de cambio se hace insostenible y el espejismo de “un bolívar fuerte, una economía fuerte” se desvanece. Para correr la arruga y evitar el costo político de la devaluación, se recurre a toda clase de subterfugios, entre ellos la implantación de un régimen de cambios múltiple bajo la promesa de asegurar divisas baratas para la importación de los productos de la canasta básica. Pero los hechos revelan que el anclaje cambiario no sirve para contener la inflación. Por el contrario, genera incentivos perversos en quienes reciben la divisa barata pero fijan el PVP con base en el dólar más caro. A su vez, los cazadores de renta, especuladores y corruptos se las ingenian para capturar los dólares baratos y después venderlos más caros en el mercado paralelo.

En segundo lugar, la baja presión fiscal como mecanismo para la distribución de la renta también se agota y hace crisis. Como el gobierno necesita con urgencia ingresos fiscales para poder mantener el elevado nivel de gasto público que fue posible sostener en los tiempos de la bonanza petrolera, entonces aplica devaluaciones fiscalistas. Convencidos de que el aumento del gasto público se traduce en mayor popularidad y preferencia electoral, los gobiernos rentistas -en lugar de reducir el gasto y ajustarlo a un menor nivel de ingreso-, siguen gastando e incurren en un creciente déficit fiscal, el cual financian a través de un permanente endeudamiento con el BCV. Debido a la subordinación del instituto emisor a los mandatos del Ejecutivo, el BCV realiza desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que -al inyectársele a una economía signada por la escasez-, propagan y atizan la inflación que devora el poder de compra de los salarios, cuestión que finalmente se revierte contra las aspiraciones gubernamentales de lograr una mayor popularidad y aceptación popular.