El peso de las expropiaciones

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Lo que comenzó como un proceso de recuperación de empresas consideradas estratégicas o de interés nacional, derivó en una ola de estatizaciones y ocupaciones de empresas que se extendió a casi todas las actividades económicas. En este auge nacionalizador se estatizaron compañías de telecomunicaciones, de electricidad, siderúrgicas, fábricas de botellas, torrefactoras de café, empresas de lácteos, procesadoras de aceite doméstico, textileras, cementeras, briqueteras, centros comerciales, cadenas de supermercados, empresas de servicios, operadoras de aeropuertos, bancos, etc.

Algunos casos fueron indemnizados, pero la mayoría de las expropiaciones siguen litigios y controversias legales que se han prolongado durante varios años en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial. Los recientes fallos se anuncian justo cuando los precios del petróleo están colapsados y las reservas operativas del país han caído a niveles mínimos:

A pesar de que Venezuela anunció su salida del CIADI, deberá cumplir con los fallos de procesos anteriores al 2012. Hasta ahora, el costo total de las nacionalizaciones alcanza los $ 25.554 millones, de los cuales ya se han pagado $ 12.998 millones. Quedarían por cancelar $12.556 millones. Sólo por los casos de Exxon Mobil, Gold Reserve, y Owens Illinois, Venezuela tendría que pagar este año más de $ 2.801 millones. El monto de indemnizaciones a pagar seguramente aumentará a medida que se dicten los fallos de los casos que siguen pendientes. Para 2015 se espera la decisión sobre la demanda más grande de ConocoPhillips por más de $ 30.000 millones.

Para ganar tiempo, Venezuela puede solicitar la revisión de las sentencias como una táctica que le permita aplazar lo más posible los pagos de las indemnizaciones. De hecho, Venezuela viene impugnando las decisiones del CIADI. Pero mientras sigan los juicios y hasta que Venezuela haya realizado el pago en su totalidad,  se acumularán intereses a la tasa que el laudo del CIADI indique, los cuales están en torno al 3,25 % anual. Y mientras no se produzca un acuerdo, los expropiados con seguridad buscarán el pago de las indemnizaciones en cualquier jurisdicción que pueda embargar bienes de la República, en ejecución de las sentencias del CIADI.

El Gobierno ha señalado que cuenta con los recursos para honrar la deuda externa y hasta ahora ha pagado puntualmente los vencimientos. Sin embargo, los títulos de deuda externa venezolana registran una caída en sus precios. De los 27 que se cotizan actualmente, solo uno mantiene una cotización por encima del 50%. Y mientras no se recuperen los precios del petróleo y el país confronte una severa escasez de divisas, las calificadoras de riesgo seguirán rebajando el estatus de la deuda venezolana.

La gran pregunta que se hace el mercado financiero internacional es si Venezuela, podrá honrar sus compromisos de deuda externa, indemnizaciones e importaciones, o priorizará el pago de la deuda externa en detrimento de las importaciones y de la deuda en divisas que tiene pendiente con diferentes sectores económicos -particularmente alimentos, salud, automotriz y líneas aéreas- los cuales arrastran facturas de Cadivi que todavía no ha sido canceladas por Cencoex.