Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El gobierno de EE.UU. declaró
a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual. ¿Por qué Obama toma esta decisión después de reconocer que el empeño por aislar a
Cuba durante más de 50 años, lejos de doblegar la Revolución, estimuló la
solidaridad con el pueblo cubano y la condena de los EE.UU. en la ONU?.
Subyace en
esta decisión la preocupación de Washington por la influencia que Venezuela ha
ejercido en la integración latinoamericana a través de la palanca petrolera.
Ahora que los precios del petróleo se han desplomado y Venezuela tendrá
limitaciones para mantener al mismo nivel los convenios de cooperación
energética, el gobierno de los EE.UU. va por la estocada final que dé al traste
con la "petro-diplomacia bolivariana" y su gran influencia sobre los
países que forman parte de PetroCaribe, Alba, Unasur y Celac.
Adicionalmente,
como el reinicio de las relaciones
diplomáticas no significa el fin automático del bloqueo contra Cuba, el cual es
un mandato de las leyes Torricelli y Helms-Burton que solo pueden ser derogadas
por el Congreso, Obama quiere despejar las complicadas negociaciones con los
republicanos que controlan la mayoría parlamentaria para levantar las sanciones
contra Cuba, a cambio de sanciones más severas contra Venezuela. Por eso, justificar
la declaración de “amenaza extraordinaria e inusual” como un requisito formal
para imponer sanciones a funcionarios de otro país, es en realidad un pretexto para imponer por la vía
rápida sanciones más severas, allanando los requisitos que impone el Congreso. En esencia, se trata de una acción para hacer
ver al Estado venezolano como un Estado forajido, con instituciones
corrompidas. Las sanciones impuestas serán presentadas por los medios
internacionales no como castigo a unos funcionarios aislados, sino como
evidencia de la descomposición que sufren las instituciones que ellos
representan. De no ser por este oscuro propósito, no habría sido necesario
catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los EE.UU.
Esta acción sabotea la gestión de
diálogo emprendida por Unasur y puede entorpecer la solución democrática de las
tensiones internas. Se trata de una maniobra para obligar al gobierno
a declarar un estado de emergencia que lleve a suspender las
elecciones parlamentarias. Esto sería aprovechado para desatar una campaña de
desprestigio internacional, haciendo ver la medida como una arbitrariedad que
conculca los derechos democráticos de los venezolanos. Por eso, el
gobierno no puede caer en la trampa de suspender las elecciones. La presencia de Unasur como facilitador del diálogo y
distensión nacional hoy más que nunca es necesaria para impedir la
desestabilización contra un gobierno que ha sido uno de los principales
promotores de la nueva integración latinoamericana que hoy pretende ser debilitada
y desarticulada.
El gobierno no puede permitir
que a la crisis económica se le añada una crisis política. Los problemas
económicos tienen que ser encarados a través de la unificación cambiaria,
sincerar el precio de la gasolina, restablecer la autonomía del BCV en la
emisión de dinero y administración de divisas y corregir la rigidez de los
controles de precios. Si con el petróleo a 90 $/b hubo
escasez de divisas, al caer a menos de 60 $/b los problemas de escasez,
acaparamiento y especulación se agravarán sin el gobierno sigue posponiendo las
medidas que urge aplicar. Es hora de romper la inercia y actuar para evitar una
crisis de gobernabilidad.
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