¿Qué pasa con la gasolina?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Concluye el primer trimestre del año 2015 sin que se haya sincerado el precio de los combustibles. Un litro de gasolina cuesta menos que un guayoyo y debería venderse a un precio justo que permita cubrir los costos de producción, sanear las golpeadas finanzas de Pdvsa y obtener un adecuado margen de ganancia para invertirlo en la modernización del transporte público y el financiamiento de los programas sociales. 

Hasta ahora no se ha aprovechado la amplia gama de argumentos económicos, sociales, políticos y ambientales que sobran para vencer las resistencias culturales arraigadas en la dirigencia política, el tejido empresarial e, incluso, en los sectores populares que serían los más favorecidos con esta medida. La campaña comunicacional es muy pobre y no contribuye a concientizar a la ciudadanía para que comprenda en toda su magnitud los perniciosos efectos que tiene este grotesco subsidio. Poco se ha dicho sobre los mecanismos que se crearían para que las ganancias no caigan en un barril sin fondo. Tampoco se ha analizado el impacto que tendría un precio justo de los combustibles en la reducción del pesado tráfico en las ciudades del país y evitar así un mayor deterioro del sistema vial. Ni siquiera se le ha sacado provecho al impacto que tendría la medida en la reducción de gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera, causan el calentamiento global y ponen en peligro la salud y la vida en el planeta.

Desmenuzar el ajuste del precio de los combustibles por miedo al supuesto costo político que pueda tener de cara a las elecciones parlamentarias, es seguir atrapados en mitos, tabúes y supersticiones que prolongan la inercia e inacción. Repetir lugares comunes y afirmaciones sin sustento no ayudará a conjurar el riesgo de tomar una decisión chucuta, que impida compensar el severo impacto que está generando el colapso de los precios del petróleo sobre los ingresos fiscales. Lo peor que se puede hacer es un saludo a la bandera, con un ajuste a retazos, de 10% mensual, calculado con base al irrisorio 0,097 céntimos que cuesta un litro. El precio justo debe ser pagado por todos a la vez, no se corregirían las distorsiones de este grotesco subsidio si primero lo pagan los vehículos particulares, luego  el transporte público y finalmente el transporte de carga. Si se prolonga un precio artificialmente bajo no se podrán cubrir los costos, ni generar una ganancia para la inversión social, ni derrotar el contrabando de extracción, ni corregir el despilfarro y derroche de gasolina. Proceder de esa manera sería totalmente inocuo y puede resultar desacertado y contraproducente.  

Hay despojarse de creencias limitantes. Lo que puede potenciar el voto castigo es el malestar que genera en la población los problemas de escasez, acaparamiento y especulación. Por otra parte, el peso de los combustibles en la estructura de costo de las tarifas y fletes de transporte es insignificante y no tendría mayor impacto, toda vez que estos dependen sobre todo de los costos de los repuestos y servicios de mantenimiento: cauchos, frenos, cambio de aceite, filtros, bujías, baterías, etc.

Es hora de entender, si dudas ni vacilaciones, que no fijar un precio justo a los combustibles impedirá la generación de los ingresos fiscales que el país necesita con urgencia para que se puedan financiar y mantener los programas sociales que benefician a la mayoría de la población.