Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
La coyuntura económica por la que atraviesa Venezuela es compleja y de
alto riesgo, pero no puede explicarse por la sola caída de los precios del
petróleo. La economía venezolana, luego de recibir ingresos sin precedentes, ahora
está en picada. Después de tres años de estabilidad en torno a los 100 dólares
por barril, los precios del petróleo se han desplomado y todavía no terminan de
recuperar el nivel de 60 $/b previsto para el Presupuesto
2015.
La baja del ingreso petrolero
vendría a ser un catalizador de la contracción económica, más no su causa. La
verdadera razón está en los desequilibrios macroeconómicos, la falta de
políticas agrícolas, industriales y tecnológicas, y la conformación de un clima
cada vez más adverso a la inversión productiva. Las verdaderas causas de la caída
de la producción hay que buscarlas en el agotamiento de las políticas
económicas que el Gobierno se empeña en mantener. En lugar de corregir las
distorsiones fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, la política
económica en lo que va de 2015 ha sido de contingencia, enfocada en combatir
los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos
de controles, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de
políticas macroeconómicas y sectoriales.
En su afán de derrotar la llamada
guerra económica, el Gobierno lanzó
una ofensiva plagada de regulaciones
y controles que propician la corrupción, sin comprender que la escasez, el
acaparamiento, la especulación y el contrabando son la consecuencia inevitable
de los incentivos perversos que ofrece el régimen de cambios múltiples, los
ineficientes subsidios y los rígidos control de precios. En este operativo, la
acción más emblemática fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de
la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). A
pesar de toda la expectativa y despliegue realizado, después de más de un año,
tales medidas no pudieron contener la inflación. Por el contrario, subió de
56,3% en 2013 a 68% en 2014. Esto se debe a que el Gobierno confundió
especulación con inflación y –al no corregir los desequilibrios macroeconómicos
que desquician los precios–, atacó el problema como si de un delito se tratara,
cuando la inflación en realidad es un fenómeno macroeconómico causado por las
distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que aún no han sido corregidas.
La inercia del Gobierno en
materia de política económica complica lo que es fácil resolver. Se trata de unificar
el agotado régimen de cambios múltiples, sincerar el precio de la gasolina, erradicar
el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, flexibilizar
los rígidos controles de precios que desalientan la producción y reorientar en
favor de la reactivación del aparato productivo nacional los miles de millones
de dólares que actualmente destina a financiar las importaciones gubernamentales
y el gasto militar.
Con ese cuerpo básico de medidas
que el Gobierno tiene al alcance de la mano, podría liberar al país de los actuales problemas de caída de la
producción, escasez, acaparamiento y especulación. Pero mientras siga atacando
los síntomas en lugar de erradicar las causas de la enfermedad, los problemas
económicos persistirán y el malestar seguirá creciendo en el seno de la
población. Si el Gobierno no ayuda y mantiene su inacción, el inevitable costo
político puede llegar a comprometer el logro de la mayoría socialista en la
nueva Asamblea Nacional.
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