Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Se ha dicho que la declaración de Venezuela como “amenaza
extraordinaria e inusual” y la “declaración de emergencia nacional” en los
EE.UU. son una retaliación desproporcionada e injusta ante las recientes acciones
del gobierno de Venezuela en su relación con los EE.UU. Caracas acusó a Washington
de propiciar un golpe militar, redujo a 17 personas su personal diplomático en
Venezuela y prohibió la entrada a siete políticos norteamericanos, incluidos
varios congresistas en funciones.
La declaración de un país como una “amenaza inusual y
extraordinaria”
no puede catalogarse simplemente como un protocolo legal para poder dictar
sanciones económicas a unos funcionarios que se extralimitaron y cometieron
excesos. En otros países
contra los que se han aprobado leyes y órdenes similares se les ha aplicado
sanciones más severas. Además de Cuba están Irán, Irak, Libia,
Siria, Ucrania, Zimbawe, Nicaragua y Colombia. Las sanciones económicas que se
pueden aplicar según la Ley
de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia permiten
regular o prohibir cualquier transacción económica:
ü Transferencias
o créditos bancarios
ü Importación
o exportación de monedas y valores
ü Operaciones
de adquisición, tenencia, uso, transferencia, préstamo
ü Transporte,
importación o exportación de cualquier tipo de derechos.
Por lo tanto, enmiendas a esa Ley pueden incluir restricciones
a la importación/exportación de bienes a o desde Venezuela, por lo que no hay
que descartar la posibilidad de un bloqueo
comercial o el embargo del patrimonio de Venezuela en EE.UU., sobre todo si eventualmente
el país no pudiese pagar a tiempo las indemnizaciones por expropiaciones que ha
dictaminado el CIADI. En
consecuencia, la declaración abre el camino para una escalada de sanciones ya no a funcionarios o autoridades
de los organismos de seguridad venezolanos, sino en contra del gobierno y del propio Estado.
Campaña
de desprestigio internacional
Adicionalmente, la propia denominación de Ley para la defensa de Derechos
Humanos en Venezuela facilita la campaña mediática que prepara a la
opinión pública internacional para que acepte y respalde las sanciones. Si las
instituciones venezolanas se presentan como transgresoras de tratados
internacionales, este pretexto sirve para aplicar sanciones que sean
respaldadas por otros países.
Desde esta perspectiva, las sanciones impuestas no son
acciones aisladas a un grupo de seis militares y una fiscal, sino que forman
parte de una sofisticada estrategia para hacer ver al Estado venezolano
como un Estado forajido, con instituciones corrompidas. Las sanciones impuestas
serán presentadas por los medios internacionales no como castigo a unos
funcionarios que presuntamente cometieron excesos en el desempeño de sus
funciones, sino como pruebas de la supuesta política represiva que aplica el
gobierno y como evidencia de la descomposición que sufren las instituciones que
ellos representan. De no ser por ese propósito, no habría sido necesario
catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los EE.UU.
Quienes critican al Gobierno de Venezuela argumentan que,
en lugar de criminalizar a los líderes de la oposición, un Estado democrático
debe garantizar su participación en la vida política del país, así como los
derechos humanos de quienes declaran formar parte de la oposición. Las
detenciones y excesos policiales que se han cometido, en lugar de bajar la
creciente tensión política que vive el país, acumulan una masa crítica de
eventos que facilita la campaña internacional en contra del gobierno. En el
mundo económico se encarceló a los directivos de la cadena de tiendas “Farmatodo”,
de la red de supermercados “Día a Día” y dueños, gerentes o directivos de otras
empresas que han sido acusadas de acaparamiento y especulación. Se considera
que la presunción de inocencia ha sido vulnerada al privar de libertad a las
personas acusadas, toda vez que el encarcelamiento es de hecho una medida
punitiva y no una medida cautelar.
Objetivo: el
aislamiento internacional
Todo eso se junta y es proyectado internacionalmente como
el recrudecimiento de la represión y la violación de los derechos humanos en
Venezuela. En momentos tan difíciles, el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, así como un diálogo constructivo y respetuoso entre gobierno y
oposición es lo que más puede ayudar a Venezuela a evitar una grave crisis de
gobernabilidad que ponga en peligro la continuidad democrática.
De cara a la legitimidad de las elecciones
parlamentarias, en lugar de añadir más tensiones de lado y lado, gobierno y
oposición están llamados a restablecer el diálogo político a partir de una responsabilidad
compartida en la adopción de un cuerpo básico de medidas económicas que
permitan superar los actuales problemas de escasez e inflación, abriendo la
participación activa y protagónica de todas las fuerzas políticas en defensa de
la democracia y el Estado de Derecho.
Se impone acordar una agenda de interés nacional respaldada
por gobierno y oposición, con el fin de asegurar la urgente solución de los
principales problemas que afectan a la población venezolana. Ambos sectores acordarían
las medidas necesarias para sanear la económica y evitar una crisis de
gobernabilidad que obligue a declarar un estado de excepción y suspender las elecciones
parlamentarias.
La solidaridad de
Unasur
En este empeño por aislar a Venezuela, el país está
recibiendo un creciente apoyo de los gobiernos latinoamericanos a través de la Aba
y Unasur, el cual seguramente será ratificado en la Próxima Cumbre de las
Américas, prevista para el mes de abril en Panamá. La presencia de Unasur como
facilitador del diálogo y distensión nacional hoy más que nunca es necesaria
para impedir la desestabilización contra un gobierno que ha sido uno de los
principales promotores de la nueva integración latinoamericana que hoy pretende
ser debilitada y desarticulada.
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